La reciente aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial por parte del Congreso de la Unión, actualmente en proceso de ratificación por los congresos estatales, plantea riesgos significativos para la estructura de administración judicial en México. Como defensores de los derechos humanos y la justicia independiente, es fundamental analizar con rigor técnico los peligros latentes que esta reforma representa para la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Uno de los cambios más preocupantes es la propuesta de elección popular de jueces y magistrados. Este mecanismo altera de manera fundamental el proceso meritocrático tradicional, que históricamente ha garantizado la idoneidad y profesionalización de los operadores del sistema judicial. La elección mediante el voto popular, sin las salvaguardas adecuadas para proteger a los candidatos de influencias externas, introduce un riesgo considerable de politización del sistema judicial. La posibilidad de que actores políticos —especialmente aquellos con control sobre el aparato estatal— puedan influir en las designaciones judiciales compromete la imparcialidad de los jueces y magistrados, quienes deben desempeñar su labor sin presión externa ni partidista. Esta modificación podría derivar en una captura del Poder Judicial, vulnerando gravemente la capacidad de este para actuar como un contrapeso real en el marco de los pesos y contrapesos institucionales.
Adicionalmente, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuya constitución también estaría sujeta a elección popular, plantea riesgos adicionales para la autonomía judicial. Este órgano, encargado de evaluar y sancionar a los juzgadores, podría convertirse en un instrumento de control político que afectaría la libertad de criterio de los jueces, particularmente en los casos en los que sus decisiones pudieran ser contrarias a los intereses del gobierno en turno. La presión derivada de este tipo de fiscalización podría tener efectos disuasorios sobre la independencia de los jueces, comprometiendo su capacidad de dictar sentencias basadas únicamente en el marco legal y los principios de justicia.
Es igualmente preocupante la falta de un diagnóstico integral que justifique la adopción de estas medidas en función de los verdaderos déficits del sistema judicial mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la reforma no atiende los problemas estructurales que impiden el acceso a la justicia, especialmente en las regiones donde el crimen organizado tiene una fuerte influencia. Este contexto plantea serias dudas sobre la viabilidad de implementar procesos electorales libres de interferencias en dichas zonas. En lugar de fortalecer la impartición de justicia, existe el riesgo de que la reforma agudice los problemas de impunidad y favorezca un populismo penal, donde prevalezca la imposición de penas severas por encima del debido proceso y las garantías fundamentales.
Es imperativo que cualquier reforma al sistema judicial en México se base en un análisis exhaustivo que respalde la independencia judicial como principio rector. Las modificaciones que comprometan la imparcialidad del sistema o erosionen las garantías procesales deben ser rechazadas enérgicamente. Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos AC, exhortamos a los actores políticos y legislativos a considerar las profundas implicaciones de esta reforma y a promover mecanismos que verdaderamente fortalezcan la imparcialidad y el acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos.
Ing. Ernesto Bucio
Secretario Ejecutivo
Lic. Erika Aguilar Villa
A, Adj. Dirección General de Planeacion
Comisión Nacional de Derechos Humanos AC
