En México, el ejercicio del periodismo se enfrenta a una crisis de seguridad que amenaza los principios democráticos, la libertad de expresión y los derechos humanos fundamentales. En los últimos años, el país ha sido señalado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión. De acuerdo con datos de Reporteros sin Fronteras, México se ha mantenido consistentemente entre los países con más periodistas asesinados en el mundo, superando en 2023 los 150 homicidios documentados en las últimas dos décadas. Esta situación ha generado un llamado urgente, liderado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos AC (CNDHAC), a revisar y fortalecer la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que, pese a su creación en 2012, ha mostrado limitaciones importantes para garantizar la seguridad y libertad de quienes ejercen este trabajo
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece un mecanismo para que el Estado proteja a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos. Este mecanismo busca garantizar los derechos humanos de estas personas, y entre sus objetivos se encuentran: implementar medidas de prevención, protección y protección urgente, así como garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en riesgo. Además, la ley establece un Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar y operar estas medidas de protección. Sin embargo, la CNDHAC señala que los recursos destinados al fondo han sido insuficientes, lo que limita su eficacia.
Por otro lado, la Ley Federal para la Protección y Fomento de la Actividad Periodística reconoce el derecho de los periodistas a emitir opinión e informar sin censura, lo cual constituye un pilar fundamental para la libertad de expresión. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha implementado el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual busca prevenir agresiones y brindar asistencia a las víctimas. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, la falta de sanciones efectivas y la coordinación limitada entre el gobierno federal y las autoridades locales permiten que el 98% de los casos de violencia contra periodistas permanezcan impunes, enviando un mensaje de permiso.
La CNDHAC, preocupada por la continua vulnerabilidad de los periodistas, destaca que estas fallas no solo atentan contra la libertad de expresión, sino que también vulneran gravemente los derechos humanos. Aunque la ley contempla el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización señala que su implementación ha sido insuficiente: actualmente, el 40% de los periodistas asesinados en México habían solicitado protección, pero la respuesta fue tardía o ineficaz. La falta de presupuesto adecuado, la burocracia y la coordinación limitada entre el gobierno federal y las autoridades estatales impiden respuestas rápidas y efectivas en los casos de amenazas a periodistas. Asimismo, la ley no considera plenamente las condiciones particulares en que los comunicadores trabajan en distintas regiones del país, muchas de ellas controladas por el crimen organiza.
La propuesta de la CNDHAC incluye, además de la revisión de la ley, una actualización en sus mecanismos de protección. Esto implica la capacitación de los cuerpos de seguridad y autoridades locales para que comprendan y respeten la función social del periodismo, y la creación de protocolos claros y efectivos de actuación ante amenazas. La organización hace hincapié en que el Estado debe asumir un compromiso firme para poner fin a la impunidad en los delitos contra periodistas, ya que en el 98% de los casos de violencia contra periodistas permanece impune, lo que envía un mensaje de permisividad que agrava la situación de violencia y atenta contra los derechos humanos de los co
La CNDHAC propone una revisión integral de la Ley de Protección a Periodistas, tomando en cuenta no solo la actualización de los marcos legales, sino también una dotación de recursos adecuada y un compromiso real por parte del Estado. Proteger a quienes dedican su vida a informar es, en última instancia, proteger la democracia y los derechos humanos en México. Sin una acción decidida, el país corre el riesgo de perder las voces que día a día
