Mientras las medidas gubernamentales de seguridad a comunicadores cayó 28 por ciento, en este sexenio el cuidado de defensores de derechos humanos aumentó 92 por ciento.
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México es un país igual de riesgoso para ejercer el periodismo y para personas que vigilan el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Sólo que, según estadísticas de fuentes oficiales, el Estado ha descuidado a unos y puesto más énfasis en otros. La protección para personas que trabajan de manera formal o independiente en medios de información disminuyó en los últimos años de manera sustancial, mientras que los mecanismos para cuidar a activistas pro derechos humanos se duplicaron a lo largo de este sexenio.
Para evidenciar esta política desigual de protección, mientras en el periodo de 2015 a 2018 hubo 2 mil 253 medidas hacia periodistas, de 2019 a 2022 bajaron a mil 618, lo que representa una caída de 28 por ciento. Eso afecta, por ejemplo, a un menor número de escoltas y acompañamientos, inmuebles con infraestructura suficiente, botones de asistencia, patrullajes o números de contacto para emergencias.
En 2015 el número de medidas de protección para periodistas ascendía a 467. En 2021 disminuyó a 459 pero en 2022 la caída fue mayor: sólo se dieron 127 medidas. Casi la mitad de los agresores son servidores públicos como gobernantes, policías o militares.
En cambio, de acuerdo con información generada en la Secretaría de Gobernación (Segob), las cifras de medidas de protección ordinarias otorgadas a defensores de derechos humanos han aumentado –si bien ligeramente– en este sexenio, comparadas con el anterior. De 2015 a 2018 se otorgaron 2 mil 116 medidas, y de 2019 a 2022 fueron 2 mil 208. Fue notable que en 2019 el número de medidas de protección aprobadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección tuvo un récord de mil 24.
Protección de personas que trabajan en medios.
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Los datos de Segob reflejan que hoy son mil 667 las personas beneficiarias. El 66.7 por ciento corresponde a defensores de derechos humanos, con un total de mil 112. De ellas, 335 fueron incorporadas en los últimos cuatro años del sexenio pasado y 643 en los primeros cuatro del presente. El aumento fue de 92 por ciento.
Al igual que sucede con los afectados por la violencia en el gremio periodístico, las agresiones y amenazas hacia quienes abogan por los derechos humanos provienen de gente que trabaja en distintas áreas gubernamentales, locales y federales.
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