El primer jueves de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, un día que busca generar consciencia y acciones concretas para erradicar estas prácticas que afectan a la infancia y juventud a nivel mundial. Este año, bajo el lema “No hay lugar para el miedo: poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje”, hacemos un llamado urgente a construir entornos seguros y libres de violencia, donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente.
Las evidencias acumuladas señalan que la violencia escolar y el ciberacoso tienen efectos significativos y duraderos sobre la salud mental de los estudiantes, impactando de manera negativa en su bienestar emocional, su rendimiento académico y su desarrollo personal. Tras la pandemia de COVID-19, se ha agudizado la necesidad de abordar los problemas de salud mental en los contextos educativos, en los cuales la seguridad y el bienestar emocional son componentes esenciales para el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos.
La protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es el eje central en la lucha contra el acoso escolar y la violencia en las instituciones educativas. Los derechos de la infancia, plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en diversas legislaciones nacionales, garantizan a los menores el derecho a una educación de calidad en entornos seguros, a la protección de su salud física y mental, y a la salvaguardia frente a cualquier forma de violencia o acoso. Sin embargo, la respuesta institucional a esta problemática ha sido insuficiente, lo que ha permitido la continuidad de prácticas que violan estos derechos fundamentales.
Cuando los estudiantes gozan de entornos escolares seguros y respetuosos, el impacto positivo en su desarrollo académico, emocional y social es evidente. Sin embargo, para lograr este objetivo es esencial un enfoque integral que incluya a toda la comunidad educativa –personal docente, padres de familia, estudiantes y administradores escolares– en la promoción de una cultura de respeto y solidaridad. Aun así, la responsabilidad principal recae sobre el Estado, quien debe garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los estudiantes mediante políticas públicas adecuadas, recursos y mecanismos de control y evaluación.
Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos AC (CNDHAC), reiteramos nuestro compromiso de impulsar acciones concretas para que cada niño, niña y adolescente reciba una educación en entornos seguros, libres de violencia y discriminación. En este contexto, es imprescindible que las instituciones de los tres poderes de gobierno –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– asuman un rol activo y coordinado en la implementación de políticas y marcos legales que refuercen la prevención y sanción de la violencia escolar y el ciberacoso, así como en el fortalecimiento de programas de salud mental y bienestar emocional en el sistema educativo. La creación de mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto será fundamental para asegurar el cumplimiento y efectividad de estas políticas.
Construyamos juntos un sistema educativo en el que el miedo no tenga cabida. Porque solo en entornos seguros y solidarios podemos garantizar una educación de calidad y el pleno desarrollo de nuestros estudiantes.
