19 de abril. Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con celeridad en relación con la sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional la transferencia legislativa de la Guardia Nacional al control militar del año pasado.
Resulta fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos. Espero que la decisión de la Corte motive un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y conduzca a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Esto es aún más vital dado que la creciente militarización de las fuerzas de seguridad en México, en particular desde 2006, ha provocado un aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. A lo largo de los años, mi Oficina y otros organismos internacionales de derechos humanos han pedido reiteradamente que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad civiles en México.
Las Fuerzas Armadas sólo deben ser desplegadas en tareas de seguridad temporalmente, en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.
La sentencia de la Suprema Corte también subraya la importancia de la independencia y separación de poderes y la existencia de contrapesos institucionales.
Fin
