Red de servicios de atención a mujeres víctimas de violencias se consolidará a finales de 2023: Alanís Sámano

—¿Qué necesitamos para bajar los niveles de incidencia de muertes violentas de mujeres? Ya quisiéramos estar en las cifras que se tenían en 2015.

—La indicación del presidente de la república es no escatimar recursos para desplegar todas aquellas acciones que ayuden a prevenir la violencia.

Por eso la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha tenido un incremento muy importante en su presupuesto de casi 375% en acciones de atención y prevención y esto lo hacemos de manera coordinada con las entidades federativas y municipios.

Estamos construyendo y consolidando la red de servicios que haya existido en el país para atender y prevenir las violencias en contra de las mujeres.

Tenemos alrededor de 500 unidades locales de atención en todo el territorio. El 2 de marzo se inauguró el centro de justicia para las mujeres número 64.

Estamos trabajando muy de la mano con las fiscalías en una tarea que nos hemos propuesto atender sin escatimar ningún esfuerzo para esclarecer y garantizar que no quede en la impunidad ningún feminicidio, especialmente los feminicidios infantiles.

—¿Los centros de justicia y las unidades de atención para mujeres son los programas más exitosos para atender a las mujeres víctimas de violencia?

—Yo creo que es de conjunto, primero atender las causas que generan la violencia. Estas son acciones directas, pero hay otras como los programas sociales. Vemos una inversión histórica en los programas para el bienestar con un gasto cercano a los 600,000 millones de pesos solamente en 2023.

—¿Cómo contribuyen a esas intervenciones a disminuir las violencias que afectan a las mujeres?

—Esencialmente porque, por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, las mujeres representan alrededor de 35% del padrón, en Adultos Mayores, representan más de 50% en Jóvenes Construyendo el Futuro más de 50% y medidas como la incorporación de mujeres jefas de familia al IMSS y las becas a todos los niveles todo eso suma.

—¿Y en acciones directas?

—Están la ampliación de los servicios, los centros de justicia, la atención permanente de las alertas de género en todo el país. Es la suma de los esfuerzos del Estado mexicano para contribuir a erradicar ese fenómeno de la violencia que impacta no solo a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto.

—¿Qué cambia cuando se declara la Alerta de Género?

Donde hay una aplicación efectiva de la Alerta de Violencia de Género, los resultados se notan en el mediano plazo. Está el ejemplo de la Ciudad de México, en donde la Alerta de Violencia de Género la decretó la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella personalmente le da seguimiento y hace la rendición de cuentas mensualmente de las acciones para atender el fenómeno de la mano del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Las Alertas de Violencia de Género no sólo las atienden las instancias de atención a la mujer; se requiere de la participación de Seguridad Pública, las secretarías de Salud, Economía, congresos locales, etcétera.

Quiero hacer un reconocimiento al Conacyt y a su directora María Elena Álvarez-Buylla porque este es el segundo año que estamos contando con el Conacyt para atender las Alertas de Violencia de Género con muy buenos resultados.

—¿La aportación de Conacyt es para que las intervenciones tengan una lógica de política pública, es decir acciones con base en conocimiento?

—Es mucho trabajo en terreno por la contratación de personas especializadas en derechos humanos; para realizar estudios e investigación, para la elaboración de programas, para la dictaminación de los informes que presentan por ley los estados; para hacer recomendaciones de si hay o no avances.

—¿La aspiración es auditar o evaluar los programas?

—La idea es darle seguimiento más que auditoría, dar las recomendaciones de personas expertas en el campo.

—Enfatiza el trabajo de prevención, pero ¿qué hay del trabajo de contención y qué tanto eso es una tarea de los gobiernos estatales?

—Hay que ver qué tramo de responsabilidad le toca a cada quien. Nosotros decimos que un tema central es que los delitos que ocurran no queden en la impunidad y que si hay un feminicida sea procesado por los órganos de procuración e impartición de justicia. Eso queda mucho en manos de las fiscalías y el poder Judicial en cada entidad. Se necesita enviar el mensaje a la impunidad que quien cometa agravios hacia una mujer va a ser procesado.

—¿Vamos en la dirección correcta para contener y erradicar la violencia contra las mujeres?

—Estamos sentando las bases y contribuyendo a transformar las instituciones y haciendo visibles ese fenómeno sin maquillar cifras. Eso no se logra de la noche a la mañana porque se atraviesan elementos estructurales, pero confiamos que el avance de las mujeres en todos los campos y la formación en las escuelas, contribuya en un todo a sentar las bases de eliminación de la violencia de género.

Estamos en una etapa de consolidación de una política pública diametralmente opuesta a lo que se hacía en administraciones pasadas en favor de las mujeres. Hay un compromiso real para atender a las mujeres de manera integral.

—¿Cómo ve el trabajo para el final del sexenio?

—Para finales de 2023 aspiramos a consolidar la red de servicios más importante en beneficios de mujeres con abogadas en todo el país que acompañen los juicios de las mujeres su día a día por guardia y custodia, pensión alimenticia, violencia de cualquier tipo.

diego.badillo@eleconomista.mx